SCJ ENVIÓ HOY SOLICITUDES DE PRONUNCIAMIENTO A GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES DE SIETE REGIONES DEL PAÍS
Hoy la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) envió a los siete intendentes de las regiones Segunda, Tercera, Octava, Novena, Décima, Undécima y Duodécima, y a los respectivos alcaldes de las quince comunas que cuentan con proyectos postulantes, los oficios que requieren sus pronunciamientos respecto de las solicitudes de permisos de operación de las 31 sociedades precalificadas el miércoles 12 de abril pasado (Ver Anexo).
Con el envío de los oficios de solicitud de pronunciamientos, el organismo regulador continúa avanzando en la Etapa de Evaluación de Proyectos de las regiones Segunda, Tercera, Octava, Novena, Décima, Undécima y Duodécima.
El próximo jueves 11 de mayo de 2006 es la fecha límite para la emisión de los informes de los gobiernos regionales y concejos municipales, debido a que conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.995 y en el Decreto Supremo N° 211 de 2005 del Ministerio de Hacienda, ambos órganos cuentan con un plazo legal de 12 días hábiles para pronunciarse respecto de cada una de las solicitudes de permisos de operación para casinos de juego.
Los gobiernos regionales deben circunscribir sus pronunciamientos al mérito de cada comuna de emplazamiento propuesta por la sociedad solicitante para la instalación del casino de juego, y respecto del impacto de dicho emplazamiento en la Estrategia de Desarrollo Regional. Asimismo, pueden informar sobre de cualquier antecedente que afecte la viabilidad del proyecto, ya sea en lo que respecta a regulaciones propias de la zona, u otros que sirvan de base para el pronunciamiento favorable o desfavorable. Conforme a la normativa, los informes favorables de los consejos regionales serán ponderados por la SCJ con 300 puntos, mientras que los desfavorables sólo podrán alcanzar cero puntos.
Por su parte, las municipalidades deben circunscribir sus pronunciamientos al impacto y efectos que cada proyecto postulado pueda provocar en el desarrollo de la comuna, en particular desde las perspectivas social, económica y turística. Ello, sin perjuicio de informar acerca de cualquier antecedente que pueda afectar la viabilidad del proyecto, como el plano regulador comunal, o cualquier otro que sirva de fundamento para el pronunciamiento favorable o desfavorable respecto del proyecto consultado. En lo que atañe a las ponderaciones, tampoco existen alternativas intermedias debido a que la SCJ debe asignar 150 puntos a los informes favorables y cero puntos a los desfavorables.
De acuerdo con la Ley N° 19.995, la Superintendencia está facultada para ponderar con hasta 1.300 puntos los criterios con que se evaluará cada uno de los proyectos. La inversión total del proyecto pondera con hasta 450; el incremento de la oferta turística en la zona con hasta 350; la ubicación, diseño y calidad de las instalaciones con hasta 250; los efectos económico-sociales con hasta 150; la relación armónica con el entorno y la conexión con los servicios y vías públicas, cada uno respectivamente con hasta 50 puntos. Para los efectos de la evaluación y ponderación señaladas, el organismo regulador ha encomendado estudios e informes de organismos técnicos especializados en las materias pertinentes. Antes del 1 de junio próximo, el Superintendente Francisco Javier Leiva presentará ante el Consejo Resolutivo del organismo los proyectos que alcancen al menos 1.200 puntos sobre un total de 2.000, junto con una propuesta de otorgamiento de permisos por región.
El Consejo Resolutivo es presidido por la Subsecretaria de Hacienda María Olivia Recart, e integrado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional Claudia Serrano, el Superintendente de Valores y Seguros Alberto Etchegaray, los consejeros Ernesto Livacic y Ernesto R. Fontaine que fueron ratificados por unanimidad por el Senado en 2005, y el Intendente(a) de la región cuyo permiso de operación sea objeto de análisis. A dicho órgano le corresponde resolver el otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego, contando para ello con un plazo máximo legal de 60 días corridos que se extienden desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2006.
Por su parte, respecto del procedimiento administrativo de inhabilitación permanente iniciado por el Director del Servicio Nacional de Turismo Óscar Santelices como miembro del Consejo Resolutivo el 30 de marzo pasado, éste ya fue resuelto por el Ministerio de Economía, y los efectos de su aceptación serán analizados por el Consejo Resolutivo y comunicados cuando se adopte una resolución al respecto.