Luego de concluir la Evaluación Técnica de Proyectos, se dio inicio a la Etapa de Resolución del Consejo Resolutivo de la Superintendencia, órgano colegiado que tiene plazo hasta el 30 de agosto para adoptar sus decisiones de otorgamiento o denegación del permiso de operación de casino de juego disponible.
El proyecto ganador contempla una inversión de US$ 29 millones, la generación de 271 empleos directos y nueva infraestructura turística y de servicios para la comuna de Ovalle.
A las 17 municipalidades y 11 gobiernos regionales les corresponde percibir en total US$ 6,2 millones por impuesto específico al juego y al Estado US$ 2,6 millones de impuesto por entradas.
Las sanciones fueron aplicadas sin perjuicio de que ambas multas configurarían una causal de revocación del permiso de operación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.995.
Las respectivas municipalidades y gobiernos regionales les corresponde percibir en total US$ 6,2 millones por impuesto específico al juego y al Estado US$ 2,6 millones de impuesto por entradas.
El órgano contralor determinó que no se advierte que el Superintendente de Casinos de Juego haya vulnerado la Ley N° 19.995 al no accionar judicialmente, como lo requirió la entidad gremial, por el funcionamiento de máquinas de juego fuera de los casinos en distintos lugares del país.
Durante dicho periodo, el regulador inició cuatro procesos sancionatorios y resolvió ocho, aplicando un total de once multas –equivalentes a 1.095 UTM-. No se registraron absoluciones, ni resoluciones que acogieran reclamaciones de rebaja de multas.
Las respectivas municipalidades y gobiernos regionales les corresponde percibir en total US$ 6,0 millones por impuesto específico al juego y al Estado US$ 2,5 millones de impuesto por entradas.
Luego de esta decisión, la Superintendencia deberá iniciar un nuevo Proceso de Otorgamiento de Permiso de Operación a partir del primer bimestre de 2014, de manera de concursar el cupo disponible a nivel nacional, por lo que no está garantizado que un nuevo casino de juego sea autorizado en la comuna de Pinto, así como tampoco en Chillán ni en ningún lugar predeterminado.
A las respectivas municipalidades y gobiernos regionales les corresponde percibir en total US$ 6,4 millones por impuesto específico al juego y al Estado US$ 2,6 millones de impuesto por entradas. Las sociedades operadoras generaron además US$ 6,1 millones por concepto de IVA al juego.